Nicaragua

Nicaragua, desde su independencia lleva una historia de gobiernos con una carga de caudillismo y pactos políticos. En el siglo 20, a la acción emancipadora de Sandino, siguió la acción autoritaria de la familia Somoza. En 1979, la acción popular y el Frente Sandinista de Liberación Nacional expulsaron del poder estatal al último Somoza, iniciando una nueva época de cambios sociales, políticos y económicos.

En 1990, el traspaso del gobierno del presidente Daniel Ortega a la electa presidenta, Violeta Chamorro, consolidó la democracia, continuada por dos gobiernos de tendencia liberal. Luego del triunfo electoral de noviembre de 2006, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y caudillo del Frente Sandinista de Liberación Nacional y Arnoldo Alemán, caudillo del Partido Liberal Constitucionalista continuaron una política de pactos para la gobernabilidad y control de las instituciones estatales. La estabilidad macroeconómica es sostenida con el auxilio económico aportado por la República Bolivariana de Venezuela.

Pero en noviembre del 2007, Ortega dispuso “la ruptura del pacto” con Alemán por la imposibilidad de lograr una reforma constitucional con reelección presidencial. La no-institucionalización de los Consejos del Poder Ciudadanos que Ortega requería para su mayor autonomía política y la situación judicial de Alemán, a quien se le retiró la libertad condicional que gozaba, generó una crisis. La detención de Alemán, la acción gubernamental y “la oposición” partidaria de Alemán lograron escalar la crisis a fines de 2007. Tanto el Gobierno como las fuerzas políticas, dejaron al descubierto que la implementación de reformas constitucionales acordadas, y que al margen de la retórica de ambas partes, era la verdadera prueba de fuego para la gobernabilidad nicaragüense. Las enmiendas constitucionales, pactada en 2005, entrarían en vigencia el 20 de enero del 2008, impulsando el parlamentarismo, la ratificación de ministros y embajadores y el control de entes reguladores de los servicios públicos. Las mutuas presiones de Ortega y sus opositores articularon un diálogo auspiciado públicamente por las grandes empresas vinculadas al comercio estadounidense.

El repacto de 2008

A los aprestos legales de Alemán y mientras el sandinismo se aprestaba a una gran movilización en Managua, se gestó un nuevo acuerdo. El primer paso fue el recupero de la libertad condicional de Alemán luego de que judicialmente se le restableciera el régimen de convivencia familiar y le otorgara el país por cárcel.

El siguiente paso fue la exposición del presidente Ortega en la Asamblea Nacional de su gestión de gobierno 2007 informando resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, avalando la creación de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, y declarando inconstitucional la Ley Marco, que vencía el día 20 de enero, por lo cual entraron en vigencia las reformas constitucionales, declarando inconstitucionales otras leyes conexas.

Los medios periodísticos llamaron a estas acciones: repacto. A partir del acuerdo se sancionaron distintas leyes pro gobernabilidad, como el presupuesto nacional. Diputados no oficialistas admitieron que al no estar presupuestada la cooperación venezolana, el Gobierno no estaba obligado a reportar partidas presupuestarias y coincidieron en que la cooperación debería formar parte del presupuesto disolviéndose el Bloque opositor.

El repacto sustentó la acción política del presidente Ortega. Su asistencia a la Asamblea Nacional, acompañado por ministros y miembros de los CPC, sin opositores legitimó a la primera dama, Rosario Murillo, impuesta de un nuevo cargo gubernamental: Ministra de la Presidencia. De acuerdo a Ortega, Murillo ejerce funciones gubernamentales “de hecho”, ya que las leyes se lo prohíben. Murillo es además de Ministra de la Presidencia, coordinadora de los CPC, secretaria ejecutiva del Consejo de Planificación Económica y Social, y quien también ejerce de hecho el 50% del poder en la Administración, según el presidente Ortega. El repacto aseguró la continuidad del hacer político con Venezuela. Los dichos de Ortega: “sin la cooperación del petróleo que nos brinda Venezuela, la economía nicaragüense ya hubiera colapsado”, fue acompañado con el interés en impulsar proyectos agroindustriales, con el fin de aumentar las exportaciones a Venezuela. Antes había anunciado que programas sociales y de obras públicas serían financiados con la cooperación venezolana. También la firma del acuerdo entre la empresa estatal Petronic y Esso Standard Oil, para la compraventa de una destilería, propiedad de la transnacional, favoreció la importación, almacenamiento y comercialización del petróleo venezolano. La discusión parlamentaria sobre esta cooperación no modificó su curso de acción.

Estas acciones no fueron cuestionadas por Alemán quien disputó la escena pública a su contendiente de la derecha. Su partido y la bancada de legisladores se conformaron con las soluciones del repacto y las posibilidades negociadoras. Luego de un largo proceso, la alianza electoral de la derecha se concretó. Alemán oficializó la candidatura de Eduardo Montealegre para la Alcaldía de Managua pero la “alianza electoral” tuvo varias crisis. Mientras el Consejo Supremo Electoral dejo fuera de carrera a los partidos Conservador y Movimiento de Renovación Sandinista y las bancadas liberales en la Asamblea Nacional acompañaron la polarización electoral bloqueando la ratificación de cargos institucionales.

Comicios Municipales

Los comicios del 9 noviembre involucraban a 3.400 candidatos a alcaldes, vicealcaldes, concejales y suplentes de cinco partidos políticos que asistían a la contienda electoral que estaba polarizada entre las alianzas gestadas por el PLC y el FSLN. Los casi cuatro millones de nicaragüenses convocados a una elección que se había convertido en un plebiscito sobre la gestión del presidente Ortega.

A la violencia preelectoral, el presidente Ortega vaticinó posibles brotes de violencia durante las elecciones porque “algunos que se sienten perdedores”, estaban diseñando planes para desestabilizar y aseguró que había ordenado a la Policía Nacional, que “no permita ningún acto de provocación”. Acusó a los medios escritos de estar alentando “con sus titulares” a la violencia, una situación que calificó como “absurda”. Las Iglesias hicieron un llamado por la participación y un ambiente de respeto, paz y madurez ciudadana. El Grupo Promotor de Reformas Electorales exhortó a las autoridades electorales a aprobar la acreditación de observadores locales pero el CSE no autorizó a observadores nacionales.

Realizadas las elecciones, un ambiente de controversia fue gestándose. El tercer informe preliminar brindado por el CSE que favorecía en Managua al candidato del FSLN, no fue reconocido por la alianza PLC. Consideraba "un burdo fraude" el proceso electoral y que pedía apoyo de la comunidad internacional para que observadores nacionales e internacionales "de toda credibilidad" revisasen los comicios. Escalando la controversia fueron las declaraciones de Luis Benavides, magistrado liberal del CSE, quien declaró que las elecciones se desarrollaron en un “ambiente oscuro y turbio” y plagadas de “nulidades y artimañas” que restaban credibilidad a los resultados.

A partir de estos hechos, el clima de desconfianza fue imponiéndose. Organismos no gubernamentales de observación electoral aseguraron que hubo irregularidades en los comicios. Ante lo cual, para descomprimir se realizó un recuento de las actas, a solicitud de la Alianza PLC, y nuevamente dio como ganador al candidato del FSLN en Managua, Alexis Argüello con 51% sobre 46% que obtuvo Eduardo Montealegre de Alianza PLC.

Finalmente el CSE otorgó al Frente Sandinista 105 alcaldías, de las cuales 13 correspondían a las cabeceras departamentales. La alianza del Partido Liberal Constitucionalista obtuvo 37 alcaldías, de las cuales tres son cabeceras departamentales. El partido Alianza Liberal Nicaragüense asumiría cuatro alcaldías. El representante legal de la Alianza PLC, Wilfredo Navarro, introdujo en CSE, un recurso de revisión a los resultados electorales en 146 municipios del país. Liberales aseguraron tener las actas de escrutinio, pruebas y declaraciones firmadas y la manipulación que se hizo en cada municipio. “No aceptamos”, afirmó Montealegre. A la desconfianza siguió la violencia en varias ciudades.

Después de varios días, el presidente Ortega, acompañado por Argüello y de la plana mayor del FSLN, señaló que para evitar que la Constitución fuese “torcida”, firmó un decreto a los efectos de “reconocer la legitimidad del proceso electoral desde su inicio (…) así como los resultados definitivos que se dieron conocer mediante la proclama de electos” señalando que “rechaza de plano por ser notoriamente inconstitucional la iniciativa de ley de declaración de nulidad de las elecciones municipales firmada por 41 diputados”. El PLC afirmó que no habría negociación con el FSLN y rechazaba cualquier intento de reformas a la Constitución que implicaran la reelección presidencial. El Comité Ejecutivo Nacional partidario expulsó a sus magistrados que habían avalado los resultados definitivos del CSE.

El presidente Ortega denunció ante la Organización de Estados Americanos al Secretario General de ese organismo, José Miguel Insulza, por supuestamente intentar “desestabilizar” al país con su pronunciamiento sobre anomalías electorales. Los sucesos nicaragüenses tuvieron fuerte eco en la OEA. Como también en la economía nacional. La cooperación europea para el apoyo presupuestario fue suspendida. La donación estadounidense a través de la Cuenta Reto del Milenio oficialmente fue congelada. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense instó a realizar un recuento de los resultados obtenidos en las elecciones “en presencia de observadores internacionales”, debido a “las denuncias generalizadas sobre fraude electoral”. La Mesa de Cooperantes instó a las autoridades a impulsar métodos que conlleven a subsanar los señalamientos. La Comisaria Europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner manifestó su disposición de apoyar la realización de nuevos comicios, si se consideraba esa posibilidad para resolver el conflicto postelectoral. La violencia continuaba afectando principalmente las marchas opositoras las que fueron reprimidas por allegados al partido de gobierno bajo la consigna "las calles son de los sandinistas" e un llamado a no dejárselas arrebatar.

El presidente Ortega reconoció que la Unión Europea mantenía congelados los aportes presupuestarios y el impacto “parcial” de la cancelación de la Cuenta Reto del Milenio. Reconoció que se ha ampliado el déficit presupuestario y propuso la ayuda de Venezuela como única alternativa para solventar este congelamiento de la cooperación.    

Concreción de un nuevo pacto

Esta fuerte controversia política y social se encaminó a un nuevo pacto. Su primera imagen pública fue la revocatoria de la sentencia a familiares del ex presidente Arnoldo Alemán. Ante estas fuertes circunstancias el ex mandatario exigió un sobreseimiento definitivo del Poder Judicial. Aunque negó que, a cambio, estuviera negociando el control de la Junta Directiva del parlamento a favor del Frente Sandinista, aseguraba que era víctima de chantaje político por el FSLN, que controla el Poder Judicial.

El jueves 15 de enero, Alexis Arguello inició la primera sesión municipal de las nuevas autoridades municipales, asumiendo la Alcaldía de Managua. El CSE concluyó la juramentación de los alcaldes y ediles que tomaron posesión de sus cargos.

Una de las grandes medidas del nuevo repacto fue la libertad definitiva para Alemán. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia condenatoria a 20 años de prisión a Alemán y lo sobreseyó de los delitos de corrupción cometidos en perjuicio del Estado. Además, expresan que lo sobreseían por otros hechos o delitos conexos, derivados y relacionados a esos presentes hechos, y a cualquier otra persona que haya sido investigada e involucrada en los presentes hechos o delitos conexos derivados y relacionados a los presentes hechos, que hayan sido desestimados por el Ministerio Público. El Procurador General de la República, Hernán Estrada, afirmó que Alemán aún tenía causas pendientes con la justicia nacional e internacional al mostrar el estado en que se encontraban casos pendientes en los tribunales que no incluidos. Inmediatamente Alemán anunció su candidatura presidencial en 2011 y no descartó apoyar reformas constitucionales y que “eso no significa que está a favor de la reelección”.

A cambio Alemán posibilitó la constitución de Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la que fue electa con el voto favorable de 65 diputados sobre un total de 92 y aprobándose varias leyes. La Ley de Nulidad de las Elecciones no fue tratada y un diputado PLC se convirtió en el voto 47 dando quórum y garantizando las sesiones plenarias. Otro efecto del repacto fue una nueva discusión sobre una reforma constitucional. El vicepresidente del Poder Judicial, el sandinista Rafael Solís afirmó que un sistema parlamentario “puede funcionar un plan de alternabilidad entre liberales y sandinistas en el poder, siempre y cuando haya” consenso entre los dos partidos para dirigir la administración pública. Esto permitiría por ejemplo a Ortega y Alemán “que uno tenga la Presidencia y el otro el control de la Asamblea Nacional (parlamento)”. El PLC presentó un documento-compromiso de no respaldar reformas constitucionales que deriven en un cambio del actual sistema político de gobierno ni en la reelección presidencial pero “abre” la posibilidad de modificar la Carta Magna en lo relacionado al porcentaje mínimo de votos para elegir al Presidente. Desde los organismos no gubernamentales se rechazó las propuestas pero Ortega en una entrevista trasmitida en la cadena Al Jazeera, expresó su interés por reelegirse en el siguiente período presidencial. “Si las condiciones lo permiten, sí, volvería a correr para presidente, y si no están presentes, entonces estaría bien actuando como primer ministro y luego volver a correr para presidente”, declaró.

Comicios caribeños

El 18 de Enero se realizaron comicios municipales en Región Autónoma Atlántico Norte los que transcurrieron en un ambiente tenso. El Consejo Supremo Electoral reportó que el FSLN ganó 4 alcaldías. El Partido Liberal Constitucionalista obtuvo dos alcaldías y  el indigenista Yatama una.  La abstención fue de 42%. El anuncio provocó inconformidad en los partidos de oposición e indigenista Yatama que se resistieron a reconocer la victoria del partido de gobierno. El Instituto para el Desarrollo y la Democracia presentó su informe final indicando que la voluntad popular expresada en las urnas había sido respetada.

Plan de austeridad y ahorro

El presidente Ortega anunció la reducción del Presupuesto General de 2009 como parte de las medidas para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial, que incluyen préstamos a diversos organismos y bancos, y disminuir el gasto corriente. Anunció la apertura de nuevos mercados y restablecer relaciones con la cooperación extranjera para sostener las reservas económicas. Pero la Mesa de Países Cooperantes anunció que mantendrá parcialmente congelada su ayuda a Nicaragua hasta que se esclarezcan las "dudas que persisten" sobre los resultados electorales.

Denuncias de Magistrados

Mientras se sugería la reelección del magistrado Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), surgió una fuerte denuncia del magistrado del CSE. José Marenco Cardenal quien manifestó lo que la oposición y la sociedad civil denunciaban desde antes de las votaciones de noviembre: un fraude electoral ejecutado en contubernio entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Liberal Constitucionalista. Consecuencia de esta denuncia, el PLC reconoció una acción contra Montealegre previo a las elecciones cuando le quitaron la representación legal de la Alianza Liberal Nicaragüense, obra según PLC de Marenco.  

Los serios señalamientos de Marenco Cardenal, obligaron a la cúpula del PLC a dar explicaciones. Se indicó que la confirmación del magistrado Marenco sobre el fraude electoral en contubernio, evidencian que existe una descomposición en la institucionalidad del país y que se necesita una recomposición en las instituciones del Estado.

Marchas

El 28 de febrero de 2009 fue un día de marchas políticas en Nicaragua. El 28 de febrero, las organizaciones que conforman la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) que habían recolectado más de 130 mil firmas y llevado a varias instancias internacionales y a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se reunieron para protestar por la “grave situación política de Nicaragua”. Con marchas simultáneas “azul y blanco” en Managua y diferentes municipios exigieron el respeto a la Constitución Política, el Estado de Derecho, revisión de las actas electorales y la libre asociación, movilización y expresión ciudadana. ONG afirmaron que hubo fraude en al menos 30 municipios y en el caso de Managua, se consideró ganador al candidato de la Alianza PLC, Eduardo Montealegre. Hubo dificultades debido a la presencia de partidarios del FSLN, quienes en algunas ciudades como Managua, se enfrentaron y propinaron agresiones contra los manifestantes de la UCD. Mientras el gobierno promovió el inicio las celebraciones del 30 aniversario de la Revolución Sandinista coincidiendo con las marchas anunciadas por la Unión Ciudadana por la Democracia. Diferentes sectores de la sociedad calificaron la decisión del presidente Ortega, de convocar a sus partidarios a movilizarse como “una imprudencia” o “provocación” Durante el acto, el presidente Daniel Ortega instó a sus partidarios a que no se desmovilicen porque “deben ganar” las elecciones nacionales de 2011 calificando a los opositores “enemigos” que quieren lo derrocar y llamó a una movilización permanente.

Propuestas

Eduardo Montealegre propuso al presidente Ortega realizar un referendo revocatorio, para que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad respecto de la continuidad del presidente en su función. El Grupo Promotor de Reformas Electorales presentó una propuesta para modificar “los vacíos e imperfecciones evidentes en la Ley Electoral, que deben corregirse para que la voluntad de la ciudadanía se exprese mejor”. Mientras el canciller Samuel Santos anunció en su reunión con la comisaria de la Unión Europea, Benita Ferrero, una propuesta para reformar el sistema electoral y judicial en aras de recuperar la cooperación económica. El presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, dijo que los actuales magistrados de ese partido en el Consejo Supremo Electoral no repetirán en sus cargos que culminan el próximo año. Aseguró que la escogencia será a través de ternas de los partidos políticos.

Relanzamiento de diálogo nacional

Luego de esta fuerte tensión social, el presidente Ortega anunció un diálogo nacional con todos los sectores, para enfrentar la crisis económica nacional y las repercusiones de la crisis mundial. El mandatario inició pláticas el 11 de marzo y reconoció la urgencia de la concertación para aprobar leyes determinantes como la reforma tributaria. Señaló que “en su momento será con las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional” pero reitero que los resultados de las elecciones “son innegociables” y que los funcionarios tienen que promover “con dignidad y respeto” el diálogo con todos aquellos que están dispuestos a cooperar con Nicaragua, pero “sin poner condiciones”. En la reunión del presidente Ortega y el Consejo Superior de la Empresa Privada se resolvió conformar una “comisión de seguimiento”, que discutirá y buscarán soluciones a propuestas de la empresa privada y en primer lugar, consensuar una agenda económica, evitando que la agenda política partidaria se imponga sobre las demandas económicas y sociales. Planteó la necesidad de una reforma electoral y a la posibilidad de una reforma constitucional y tributaria.

Fuente: Información surgida de prensa nicaragüense

Autor: Gabriel Pedro Zinzoni. Actualización: julio de 2009.